En la última etapa de la pesquisa que lleva adelante el Ministerio Público, 28 individuos fueron detenidos, entre ellos médicos de diversas especialidades y otros prestadores del sector salud, en relación con un presunto esquema de corrupción que habría utilizado al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) para desviar miles de millones de pesos de fondos públicos.
Los arrestados comprenden cirujanos ortopedistas, pediatras, ginecólogos y demás especialistas, así como dos personas vinculadas al ámbito farmacéutico, según datos facilitados por los abogados que representan a varios de los acusados.
Entre los nombres que han dado a conocer las fuentes se encuentra el doctor Juan Gabriel Rodríguez Revelo, exsubdirector del Hospital Docente Universitario Dr. Darío Contreras, y otro médico señalado por los medios como «un médico identificado por medios de comunicación». Los operativos incluyeron 37 allanamientos distribuidos en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega.
Participaron 45 fiscales, 200 agentes de la Policía Nacional y 16 integrantes de la Unidad de Investigaciones Criminales, con el apoyo de la Dirección Nacional de Investigaciones del Ministerio Público. Durante los registros se confiscaron bienes, efectivo, vehículos y armas de fuego, aunque aún no se ha divulgado el valor exacto de lo incautado.
Esta fase, denominada Operación Cobra 2.0‑A, amplía el foco de la investigación a médicos y demás prestadores de servicios de salud, mientras que la etapa anterior se centró mayormente en exfuncionarios de SeNaSa. Se investiga la posible existencia de sobornos, doble facturación, falsificación de estados financieros, cobros por servicios que no se prestaron y la utilización de documentos falsos, hechos que, según el MP, habrían generado pérdidas de miles de millones de pesos a los afiliados.
El Ministerio Público ha manifestado su intención de procesar a los profesionales de la salud que presuntamente formaron parte de estas maniobras; los abogados de algunos detenidos indican que las pesquisas giran en torno a facturas por servicios supuestamente inexistentes o alteradas. Hasta el momento no se ha publicado la lista oficial completa de arrestados ni el monto exacto atribuido a esta nueva fase, información que se espera sea revelada en los próximos pasos del proceso judicial.
