Por Manuel Hernández Villeta
Las asignaciones de cuotas a los partidos políticos no deberían formar parte del proceso de elección de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia. Desde hace tiempo, se ha practicado una distribución entre los principales partidos.
En la actualidad, con la discusión sobre la autonomía del poder judicial, resulta indispensable que los partidos se abstengan de intervenir en la conformación del pleno. Romper con esa costumbre anticuada no resulta sencillo.
No es una contradicción afirmar que un juez puede recibir apoyo oculto de una organización política; aunque eso no lo obligue a seguir directrices, tampoco constituye la vía adecuada para que la justicia se desarrolle.
En la República Dominicana, ninguna esfera parece escapar a la práctica de cuotas partidistas; los distintos grupos pactan y cada uno conserva su zona de influencia.
Resulta complejo, casi improbable, que en la designación de los nuevos magistrados y del presidente de la Corte Suprema se logre eliminar la presión de los partidos. De hecho, ya circulan como seguros los nombres de varios candidatos potenciales.
Incluso los rumores de la calle resaltan a un profesional de alta capacidad y seriedad, considerado prácticamente indispensable para alcanzar la presidencia de la máxima autoridad judicial del país.
Lo que realmente se necesita es un proceso institucional sólido a nivel nacional, que elija a los jueces basándose en su independencia de criterio, su experiencia comprobada y su capacidad para impulsar la modernización del Poder Judicial.
Seleccionar y nombrar a los magistrados constituye una labor exigente que debe llevarse a cabo con la máxima responsabilidad; no se trata de un simple puesto administrativo, sino de asegurar la autonomía del poder judicial.
Se ha avanzado notablemente en la independencia del sector judicial, especialmente si se contrasta con la época en que los magistrados eran nombrados por decreto y, en la mayoría de los casos, dependían directamente del presidente en funciones.
No se puede permitir un retroceso que nos devuelva a esa etapa ya superada; la justicia dominicana requiere bases firmes que garanticen la protección de los derechos de todos los ciudadanos.
Es necesario fortalecer el cuerpo judicial para que, en los próximos años, los partidos políticos no tengan cuota alguna y la competencia se base exclusivamente en méritos acumulados, sin beneficios de acuerdos internos.
A pesar de la persistencia de las cuotas, mantenemos la confianza y la esperanza de que los magistrados seleccionados desempeñen sus funciones con responsabilidad, continuando la labor de consolidar la independencia judicial y el fortalecimiento institucional.
