El jurista solicita una revisión del balance entre las garantías que poseen los ciudadanos y las exigencias que impone el fenómeno delictivo.
En su intervención subrayó la urgencia de introducir modificaciones a las normas procesales y a la legislación sectorial, con la finalidad de robustecer la persecución y la sanción tanto del delito común como del crimen organizado.
Durante la segunda edición del Congreso Internacional de Derecho, celebrado en Puerto Plata bajo el lema “Estado constitucional, democracia y garantías fundamentales”, Alcántara señaló que, aunque el país ya dispone de un nuevo Código Penal que tipifica conductas antes no contempladas, es indispensable prestar atención al proceso que precede a la sentencia definitiva de los tribunales.
El abogado insistió en que los preceptos que regulan los procesos judiciales deben volverse más estrictos, de modo que personas acusadas de delitos graves no puedan obtener con facilidad la libertad provisional o definitiva.
Consideró necesario revisar las normas procesales, sobre todo en lo relativo a los derechos individuales y colectivos, para que las instituciones encargadas de la vigilancia, protección, persecución y sanción cuenten con las herramientas idóneas frente al crimen organizado y otras formas delictivas.
Afirmó que los parámetros de sanción están establecidos en el nuevo Código Penal, pero puso en duda las libertades que, a su entender, pueden derivarse de ciertos procedimientos contemplados en la normativa procesal.
En ese sentido, sostuvo que el marco actual puede crear condiciones que incentiven la comisión de delitos al otorgar garantías que, según expresó, “equiparan a quienes no infringen la ley con aquellos que resultan afectados por acciones contrarias a la normativa”.
Alcántara también planteó revisar el rol de los responsables de la vigilancia, persecución y sanción del delito, de manera que la legislación los obligue a actuar conforme a las responsabilidades propias de todo servidor público.
Durante su ponencia, el abogado, politólogo y comunicador destacó que el crimen organizado y la delincuencia del siglo XXI representan un desafío complejo, alimentado por la lentitud legislativa, la corrupción institucional y el rezago tecnológico.
“Ante esta realidad, los Estados democráticos deben responder con firmeza, sin renunciar a sus principios fundamentales”, manifestó.
Para cerrar, Alcántara afirmó que una legislación sólida no es aquella que atropella los derechos ciudadanos, “sino la que utiliza la inteligencia, la tecnología, la reforma policial y la mano firme contra la corrupción para combatir el crimen organizado”.
