La Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CODOPYME) hace un llamado firme, responsable y urgente al Gobierno dominicano a aplazar la aplicación de la Ley 225-20 de Residuos Sólidos, así como a abrir un proceso de revisión integral que corrija sus efectos que consideran distorsionantes sobre el aparato productivo nacional.
En un contexto marcado por la incertidumbre internacional, producto de conflictos geopolíticos en Medio Oriente, el impacto económico de la crisis haitiana y los esfuerzos del propio Gobierno por contener la inflación y evitar aumentos de precios, resulta contradictorio imponer cargas adicionales a las MIPYMES, que representan más del 98% del tejido empresarial del país.
En ese sentido, el presidente de CODOPYME, Fernando Pinales, advirtió que: “La aplicación de esta ley en su forma actual introduce costos acumulativos que inevitablemente se trasladarán al consumidor final, presionando al alza los precios y afectando directamente el poder adquisitivo de los hogares dominicanos. No es coherente hablar de contención de precios mientras se incrementan los costos de producción de las MIPYMES.”
Las MIPYMES dominicanas no rehúyen su responsabilidad ambiental. Por el contrario, están dispuestas a ser parte de la solución. Sin embargo, no pueden absorber cargas desproporcionadas ni operar bajo esquemas que favorecen la concentración del mercado y la exclusión de los pequeños productores.
A esto se suma una preocupación estructural aún más grave: no importa el volumen de recursos que se recaude bajo este esquema, nunca será suficiente mientras persista un evidente conflicto de interés en su gobernanza. La presencia de la asociación de gestores dentro del consejo del fideicomiso plantea serias dudas sobre la transparencia y sostenibilidad del modelo.
Prueba de ello es que, en lo que va de año, ya se han propuesto al menos dos aumentos en las tarifas que ellos mismos perciben, configurando un esquema donde quienes reciben los recursos inciden directamente en su incremento. Esto no solo es cuestionable desde el punto de vista institucional, sino que además consolida un negocio altamente lucrativo para un grupo reducido de empresas que dominan el sector de residuos sólidos, en detrimento del resto del tejido productivo.
El país no puede pedir sacrificios, por un lado, mientras por otro impone normativas que encarecen la producción, desincentivan la formalidad y limitan la competitividad.
Por ello, desde CODOPYME proponemos: Aplazamiento inmediato de la aplicación de la ley hasta que se realicen las correcciones necesarias, revisión técnica integral del marco regulatorio, con participación de las MIPYMES. De igual forma, reforma de la gobernanza del fideicomiso, garantizando independencia, transparencia y eliminación de conflictos de interés.
Asimismo, el diseño de un esquema proporcional y escalonado, que reconozca las diferencias de tamaño y capacidad económica. Incentivos reales a la sostenibilidad, en lugar de cargas que terminan siendo recaudatorias.
Este no es momento para decisiones que agraven la situación económica. Es momento de coherencia, diálogo y visión país. Si el objetivo nacional es evitar aumentos de precios, proteger el empleo y sostener la actividad económica, entonces la ruta es clara: no aplicar una ley que, en su forma actual, va en dirección contraria.
CODOPYME reitera su disposición al diálogo constructivo, pero también su firme compromiso de defender la sostenibilidad y viabilidad de las MIPYMES dominicanas.
